Defendemos el derecho de las mujeres a denunciar con protección y respeto
Incidimos en la necesidad de investigar con rigor las denuncias por posible trata y explotación en el empleo del hogar.
Ante las recientes noticias publicadas por elDiario.es, y la denuncia presentada contra Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España el 5 de enero por dos mujeres, con el apoyo de la organización internacional Women’s Link, desde la Fundación de Solidaridad Amaranta queremos incidir en el derecho de Rebeca* y Laura*, y de toda mujer, a denunciar hechos “que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”, “delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual”, así como un “delito de lesiones” y “delitos contra los derechos de los trabajadores”, para poder acceder a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición.
Afirmamos la importancia de que Rebeca y Laura sean escuchadas y de que los hechos que denuncian sean investigados a fondo, desde un enfoque de derechos humanos e interseccional, que incluya una perspectiva de género, de edad, raza, nacionalidad y clase social, entre otros factores. Nos preocupa el cuestionamiento injusto que sufren muchas veces las mujeres que dan el paso de denunciar, cuando, al mismo tiempo, las autoridades inciden en la necesidad de que exista una denuncia para recibir protección y apoyo, por lo que insistimos en evitar su revictimización.
Desde la experiencia de la Fundación de Solidaridad Amaranta como entidad especializada en el apoyo y acompañamiento a jóvenes y mujeres víctimas de trata y de otras formas de explotación y violencia, afirmamos que la trata de personas con fines de explotación laboral y trabajo forzado en el empleo del hogar y los cuidados, así como el acoso y la violencia sexual en este contexto, es una realidad a menudo invisibilizada, especialmente cuando se da en el ámbito del trabajo en régimen interno.
Las trabajadoras del hogar y los cuidados internas se encuentran en situaciones de aislamiento, disponibilidad permanente, y dependencia del empleador. Como llevan años denunciando las entidades de mujeres migrantes trabajadoras del hogar y los cuidados, esta situación las hace más vulnerables a la explotación laboral y sexual, y tiene como consecuencia el silencio de las víctimas y la impunidad de sus agresores. Con frecuencia, las víctimas guardan silencio debido a la vergüenza de revelar lo ocurrido, al desconocimiento de sus derechos y de los recursos de apoyo disponibles, a la situación administrativa irregular en la que muchas se encuentran, y a la desconfianza hacia las autoridades. A ello se suman, con frecuencia, la precariedad económica y social, así como el temor a enfrentarse al poder del agresor y a no ser creídas.
Casos como este revelan la importancia de seguir profundizando en la sensibilización de la sociedad, la formación de los profesionales, y el cumplimiento efectivo de la normativa existente (artículo 177bis del Código Penal que define la trata de seres humanos, el Plan Nacional Contra el Trabajo Forzoso, y el Convenio 190 de la OIT sobre la Eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo), para detectar e identificar estos delitos, proteger a las víctimas y facilitar su acceso a la justicia.
* Nombres ficticios para proteger la identidad de las víctimas.
La Fundación de Solidaridad Amaranta, junto con las organizaciones de mujeres migrantes auto organizadas SEDOAC (Servicio Doméstico Activo) y Por ti Mujer, lleva a cabo desde 2024 el proyecto Espacios para el empoderamiento y acción (SEAII), que tiene como objetivo la participación de las mujeres migrantes en la prevención de la explotación laboral, la violencia sexual y la discriminación en el empleo del hogar y los cuidados. Más información en la web: https://cuidarestrabajar.org/
